LA TITULITIS.
En los últimos años en la sociedad española se está incurriendo de una forma alarmante y en ocasiones ridículas en lo que ha venido en llamarse titulitis.
Me resulta absurdo, grotesco y estrafalario a una misma vez algo que puede ser sintomático; muchos utilizan la red social LinkedIn no como escaparate para buscar trabajo o mejorarlo, sino como un escenario en el que pavonearse con sus logros académicos y/o profesionales. ¿Obedece esta conducta a algún complejo que se pretende tapar?. Es frecuente pillar adornos excesivos o ambigüedades en el currículum de muchas personas.
Desde que empezó a haber en los programas de estudio las dobles licenciaturas o grados (pioneros mis admirados jesuítas en ICADE) y exponencialmente desde que se generalizaron los máster y otros diplomas de postgrado, todos los títulos parecen pocos, y muchos tratan de adornar su curriculum lo más posible para demostrar su valía y competencias profesionales.
La realidad nos dice, sin embargo, que no siempre quien tiene más títulos es la persona más idónea para determinadas funciones. Esto, por cierto, lo saben muy bien los bancos u otras grandes compañías que no dan los puestos directivos a quienes tienen mayor número de títulos sino a quienes acreditan mayor capacidad de gestión, comercial y/o de dirección.
No obstante lo anterior, siempre que no se mienta con los méritos expresados es legítimo adornar nuestro currículum.
Este afán se ha generalizado aún más todavía que en el resto de la sociedad española en el ámbito de la política. Esto no es exclusivo de un partido o ideología.
Se obvia que la capacidad de gestión política no se acredita mediante títulos, y entiendo que se pretenden tapar otras carencias, como la falta de experiencia o de recorrido.
¿Por qué se actúa así? Desde mi punto de vista son muchas las causas, y se pueden sintetizar al menos en estas ideas:
-De una parte, en la necesidad de acreditar conocimientos y capacidad, el lograr una credibilidad instantánea, para poder ser elegido o nombrado para cargos remunerados, lo que es necesario en personas que no han tenido (o no aspiran a tener o no quieren intentar) otros empleos y/o emprendimientos (o irrelevantes) fuera de la política.
-El que quienes integran la clase política, tienen más tiempo en muchos casos que otras personas para dedicarse a estudiar (por ejemplo un diputado) y también más dinero para poder pagarse determinados estudios,
-El esfuerzo de muchos políticos en diferenciarse de los demás, y de tapar los propios complejos o elevar su autoestima, castigada por una pobre trayectoria o recorrido anterior,
-Sentirse aceptado y tenido en cuenta por élites económicas, mediáticas, funcionariales.
Esta inflación, esta diarrea, de títulos académicos en el ámbito de la política aun cuando responda vanidad, a complejos, y aunque no tenga ninguna utilidad real, siempre que los títulos se hayan logrado legítimamente, no plantea problemas morales ni legales.
LA DESHONESTIDAD Y LA "TITULITIS" EN LA POLÍTICA.
Sí los plantea cuando se esgrimen títulos o diplomas los que no se poseen, cuando se llegan a adquirir de forma privilegiada o incluso cuando se usa la ambigüedad para engañar a la opinión pública.
Vaya por delante, que le inmensa mayoría de los políticos son gente honesta, trabajadora y muy de fiar, pero este tema -que vuelve a estar de actualidad una vez más- no parece resolverse.
La gravedad de estas conductas no sólo está en la falsedad, en las posibles responsabilidades penales, sino también mezquindad, en los desequilibrios psicológicos, y en la enorme falta de honestidad de que se hace gala, y que hace que la persona no sea idónea para gestionar asuntos públicos. Si se engaña o se delinque en esto se está demostrando que no se tienen escrúpulos, que no se merece la confianza de los ciudadanos y que se es capaz de cualquier otra indecencia.
¿CÓMO EVITAR ESTAS FALSEDADES EN NUESTROS POLÍTICOS?
Entiendo que no es difícil, sólo hay que querer de verdad...La pregunta es ¿interesa a la clase política regular esto?
En mi opinión solventaríamos este problema legislando en los siguientes términos:
En primer lugar, limitando el ejercicio de cargos de designación política a un número máximo de años (ocho me parece idóneo), ya que la política debe ser un servicio público, no una profesión de por vida.
En segundo lugar, estableciendo rigurosos requisitos (académicos y/o profesionales) para el desempeño de determinados cargos, que -en todo caso- deben ser comprobados por la Administración competente, por las cámaras legislativas, por los órganos constitucionales, e incluso por los propios partidos políticos.
En tercer lugar, estableciendo tipos penales específicos relativos a la declaración en el ámbito del sector público de datos curriculares falsos, o con ambigüedad y con ánimo de engañar. Las penas deberían comportar inhabilitación para todo tipo de cargos y/o funciones públicas, sanción económica e incluso pena privativa de libertad.
Estos tipos penales específicos deberían hacer extensivas las penas a:
-Los responsables de los Partidos Políticos, Grupos Políticos e Instituciones Públicas que publiquen o admitan datos falsos por no comprobarlos y ser cooperadores necesarios e incluso cómplices de tal falsedad y/o engaño a la ciudadanía.-A los responsables de centros educativos, públicos y privados, y su personal directivo y docente cuando den trato de favor a terceros para que obtengan de forma ilegítima o privilegiada títulos o diplomas o méritos académicos...más aún si existen "contraprestaciones" o "donaciones remuneratorias" (Vallet de Goytisolo).
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